La libertad de expresión en línea está en peligro en México

El proyecto de ley propuesto por el líder del Senado mexicano, Ricardo Monreal, para regular las redes sociales podría restringir gravemente la libertad de expresión en México, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto de ley obligaría a las empresas a censurar categorías ampliamente definidas de contenido en línea, en violación de las normas internacionales vigentes. El senador Monreal debería retirar su propuesta.

El 8 de febrero, apenas unas semanas después de que redes sociales como Twitter y Facebook suspendieran las cuentas del ex presidente estadounidense Donald Trump, el senador Monreal, que lidera el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, en el Senado, publicó en su sitio web un proyecto de ley que impondría regulaciones a las redes sociales con usuarios en México. En enero, el presidente López Obrador había expresado su preocupación por el poder de las redes para suspender las cuentas de Trump.

El proyecto de ley convertiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión de México, en el árbitro final en las disputas sobre la moderación de contenidos, facultándolo para invalidar las decisiones de los operadores de redes sociales sobre cómo y cuándo eliminar el contenido de un usuario o suspender o cancelar su cuenta.

Y permitiría al IFT castigar a los operadores de redes sociales con multas de hasta 4,4 millones de dólares si no cumplen sus normas o si el IFT no está de acuerdo con sus decisiones de moderación de contenidos. Esto podría fomentar una mayor concentración de los medios de comunicación al obligar a las empresas más pequeñas a dejar de operar en México para evitar las elevadas multas.

Según el proyecto de ley, cualquier red de medios sociales con un millón de usuarios o más tendría que obtener el permiso del IFT para operar en México. El IFT podrá establecer normas sobre el funcionamiento de las redes sociales y el tipo de contenido que pueden permitir. Y tendría la autoridad para revisar y cambiar los términos de servicio de las redes, las reglas que los usuarios deben seguir.

En efecto, esto permitiría al IFT impedir que cualquier red de medios sociales opere en México o prohibir que los usuarios en México se unan a una red "no autorizada", poniendo límites significativos a la libertad de expresión. También podría alentar a las propias redes sociales a comenzar a bloquear a los usuarios de México para evitar el proceso de revisión del IFT.

El proyecto de ley también requeriría que las redes de medios sociales censuren ciertos tipos de discurso, como los "mensajes de odio", las "noticias falsas" y cualquier otro tipo de discurso que el IFT considere que debe ser censurado para preservar el "orden y el interés público". Sin embargo, el proyecto de ley no proporciona directrices claras sobre lo que significan estos términos, exigiendo a los operadores de redes sociales o al IFT que determinen si las declaraciones son verdaderas o falsas.

Estos requisitos podrían llevar a la censura arbitraria de contenidos legítimos, permitiendo al gobierno obligar a las redes sociales a censurar contenidos con los que no está de acuerdo. Esto sería incompatible con la prohibición de la censura previa de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por último, el proyecto de ley prohibiría a las redes sociales moderar el contenido de sus plataformas por razones que el proyecto de ley no menciona específicamente, como por ejemplo para evitar el spam. Esto restringiría la capacidad de las redes sociales para tomar decisiones razonables sobre el tipo de contenido que permiten. Las redes sociales centradas en grupos, temas o intereses específicos, como las cuestiones medioambientales o la cultura indígena, no podrían funcionar.

Proteger la libertad de expresión en Internet, garantizar que las entidades privadas no interfieran con esa libertad y dar a las personas la posibilidad de apelar las restricciones a su expresión son objetivos legítimos. Pero en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, México tiene la responsabilidad de promover un "entorno de comunicaciones libre, independiente y diverso", y la obligación de garantizar que cualquier restricción a la expresión sea necesaria y proporcionada para lograr un propósito legítimo. Esto incluye la regulación de la expresión a través de "métodos o medios indirectos", como los controles gubernamentales sobre las empresas de comunicación.

En virtud de las normas internacionales de derechos humanos, México no debe aprobar leyes contra las llamadas "noticias falsas" u otras "ideas vagas y ambiguas", ni imponer restricciones innecesarias o desproporcionadas a las redes sociales o a los contenidos en línea. En su lugar, debería promover la diversidad de medios y la alfabetización digital.

También debería incentivar a las empresas para que sean transparentes sobre sus políticas de moderación de contenidos y ofrezcan soluciones a los usuarios cuyas cuentas sean suspendidas para que puedan tomar sus propias decisiones sobre qué plataformas utilizar y cómo.

Fuente: HRW