México está dando un ejemplo mundial sobre el tratamiento del VIH
En ciudades de la frontera México-Estados Unidos, varias organizaciones que trabajan con poblaciones afectadas por el VIH ya se han visto gravemente afectadas por los recortes de fondos.
El VIH en México es una vez más una bomba de tiempo que explotará". Así es como Aram Barra describió la trayectoria actual del virus de la inmunodeficiencia en el país en la Conferencia de la Sociedad Internacional del SIDA sobre la Ciencia del VIH en la Ciudad de México en julio.
El activista de salud pública y oficial de programas de Open Society Foundations se refería específicamente a los profundos recortes de fondos de febrero para las organizaciones de la sociedad civil. Estos cambios en la financiación, destinados a abordar la corrupción, han puesto en riesgo el modelo de financiación y distribución de México para las organizaciones que trabajan con pacientes con VIH, de la misma manera que una implementación innovadora de un nuevo régimen de tratamiento podría servir de ejemplo a nivel mundial.
En febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el financiamiento gubernamental para programas sociales cesaría. Este financiamiento ha apoyado tradicionalmente a una serie de organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios basados en la comunidad, incluyendo aquellas que trabajan con poblaciones afectadas por el VIH y otras poblaciones vulnerables, proporcionando servicios tales como la distribución de medicamentos para personas que viven con virus como el SIDA, el VIH y la hepatitis C. En cambio, el presidente dijo que el dinero del gobierno destinado a programas sociales iría directamente "del tesoro federal al beneficiario".
López Obrador defendió el cambio alegando que el sistema anterior de financiamiento gubernamental para las organizaciones de la sociedad civil en México condujo a gastos en renovaciones de oficinas y salarios de los empleados, y falsificó las cifras para llenar los bolsillos de los ejecutivos de las organizaciones. No sólo los servicios comunitarios, incluidos los refugios para mujeres y los servicios de cuidado infantil para madres trabajadoras, se enfrentaron a recortes en esa época: los hospitales, las organizaciones deportivas y científicas también perdieron fondos. Estos recortes se han hecho sobre la base general de que la nueva administración federal de López Obrador está comprometida a poner fin a la llamada burocracia dorada de México: un sistema mediante el cual los funcionarios públicos utilizan los fondos del gobierno para vivir una vida de lujo.
Hay un peligro real de que el presidente tire al bebé con el agua de la bañera aquí. El compromiso de López Obrador de tirar de ciertas palancas financieras para erradicar la corrupción es loable y necesario para México, al igual que la perspectiva de afinar la política social para asegurar mayores flujos de beneficios a aquellos que lo necesitan. Pero el costo podría ser la provisión consistente de importantes servicios sociales y de salud para el pueblo mexicano, junto con los muchos migrantes que continúan pasando por México en su camino hacia los Estados Unidos. Muchas organizaciones que dependían de los fondos del gobierno deben ahora luchar más de lo habitual para mantenerse con vida, buscando donaciones de otras partes de la comunidad o reduciendo los servicios que ofrecen a aquellos que pueden ser financiados por fuentes extranjeras, como las Fundaciones de la Sociedad Abierta (Open Society Foundations). Algunos pueden cerrarse del todo.
En ciudades de la frontera México-Estados Unidos, varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan con poblaciones afectadas por el VIH y otras poblaciones vulnerables ya se han visto gravemente afectadas por los recortes de fondos. Según Marc Krupanski, el oficial superior de programas que supervisa esta labor de reducción de daños en las Fundaciones Open Society, el uso de drogas inyectables se concentra en las ciudades de la frontera. Señaló que ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Mexicali y Tijuana también han tenido históricamente una mayor prevalencia de trabajadoras sexuales. Las personas que usan drogas inyectables y los profesionales del sexo se encuentran entre las poblaciones clave a las que se dirige el apoyo y el tratamiento como parte de la respuesta mundial al VIH. Krupanski dijo que hay muchas organizaciones locales en las ciudades fronterizas que ahora enfrentan algunos obstáculos críticos debido a los recortes de fondos.
Por ejemplo, Prevencasa, un servicio comunitario para personas que viven con el VIH en Tijuana, ha sido afectado directamente por los recortes de fondos de López Obrador. "Sabemos por ellos que la gente no ha podido seguir el ritmo de su tratamiento debido a la falta de disponibilidad[de medicamentos]", dijo Krupanski. Los riesgos de estas interrupciones no se limitan al tratamiento, sino que también afectan a intervenciones vitales como jeringas y agujas estériles, programas de extensión y distribución de preservativos, que son fundamentales para la prevención del VIH y la mitigación de los brotes de la enfermedad.
Alfonso Rivera, de Prevencasa, confirmó que los recortes han ejercido presión sobre los servicios que presta la organización, en particular sobre la provisión de medicamentos que antes podían adquirirse con fondos del gobierno. También señaló que la represión contra los migrantes en la frontera de Estados Unidos ha creado renuencia entre sus clientes a buscar tratamiento. Mientras que en México el tratamiento para el VIH es legalmente gratuito y sin discriminación, un fuerte estigma cultural ya impide que muchas personas se hagan la prueba y se sometan a tratamiento.
Los recortes de fondos y las medidas represivas contra los migrantes sólo han agravado este problema. "Tuvimos un par de pacientes migrantes con VIH que no querían buscar tratamiento porque no se había resuelto su situación migratoria, por ejemplo, mientras esperaban para cruzar a los Estados Unidos", dijo Rivera a Foreign Policy. Los pacientes estaban en México mientras esperaban el resultado de sus solicitudes de asilo político bajo la llamada política de Permanecer en México que requiere que los solicitantes de asilo esperen en el lado mexicano de la frontera hasta que su caso sea escuchado en los Estados Unidos.
Como resultado, han aumentado las necesidades de tratamiento de los migrantes que viven con el VIH en México. La Clínica Condesa, que atiende a personas que viven con VIH en la Ciudad de México desde hace 20 años, incluye un programa conocido como Clínica Santuario, a través del cual los migrantes de cualquier país y con cualquier estatus migratorio pueden acceder a pruebas de detección y tratamiento. Entre enero de 2017 y junio de 2018, 941 pacientes, o aproximadamente el 49,7 por ciento de la clientela migratoria total de la clínica, provenían de Venezuela, Colombia y América Central, especialmente de Honduras y El Salvador, muchos de los cuales pasaron a México con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. El año anterior, el número total era de 241, dijo el director médico de la clínica, Florentino Badial Hernández, a la agencia nacional de noticias Notimex en noviembre de 2018.
Las preocupaciones sobre el acceso al tratamiento del VIH en México también surgieron en mayo cuando el gobierno federal -que, en la práctica, proporciona acceso universal gratuito a estos medicamentos que salvan vidas para las personas que viven con el VIH- cambió la forma en que compraba medicamentos a las compañías farmacéuticas. El cambio fue bien recibido por los defensores del VIH, pero el período de transición provocó retrasos en la compra y distribución de los medicamentos, lo que retrasó el acceso al tratamiento de algunos pacientes durante un breve período de tiempo.
Fuente: Foreign Policy
